Como el resto de cosas de nuestra vida, las formas de pago también se han visto afectadas por la tecnología. Es un hecho que el dinero en metálico vive ahora sus horas más bajas, mientras que los pago con tarjeta y otros medios de pago online no dejan de crecer.
Por ello ya no solo los usuarios tenemos que ponernos al día con estos nuevos formatos, sino que empresas, negocios y las propias instituciones también deben de hacer lo mismo. Esto ha hecho que el gobierno español está preparando un nuevo decreto que impondrá mayores obligaciones de información a las entidades financieras, lo que afectará directamente a las transacciones electrónicas.
La intención de este real decreto es modernizar y fortalecer el control fiscal, y por lo tanto a partir de 2025, las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago tendrán que presentar al fina del año un informe detallado sobre los movimientos de sus clientes.
En él se aportará información como la identificación del titular de la tarjeta, el número total de transacciones realizadas y el importe de esas transacciones. Esto significa que a partir de ahora todos los movimientos que superen los 25.000 euros anuales por tarjeta serán declarados.
Del mismo modo que las entidades financieras tendrán que informar mensualmente sobre los cobros realizados por empresarios o autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, sin importar la suma. Esta nueva medida busca evitar prácticas como el blanqueo de capitales y el fraude fiscal de las grandes transacciones electrónicas.
A partir del 2026, Hacienda tendrá un control mucho más estricto sobre el dinero que se mueve por bancos y otros medios electrónicos. Los bancos tendrán que entregar información detallada a Hacienda sobre todas las operaciones grandes que se hagan.
